La falta de conocimiento y herramientas adecuadas para desempeñar eficazmente el papel de testigo electoral incrementa significativamente la posibilidad de perder votos en las urnas debido a errores, manipulaciones o simplemente omisiones.

Los costos económicos directos asociados a esta situación pueden alcanzar los $200,000, incluyendo gastos relacionados con la selección, capacitación, acreditación, control, movilización, alimentación, comunicación y participación de los testigos electorales Por otro lado,  los costos indirectos podrían calcularse multiplicando los votos no contabilidazados por el valor de reposición que paga el estado a cada partido.

Sin embargo, el verdadero costo de la mala gestión de un testigo electoral radica en el costo político, dado que los votos no contabilizados podrían marcar la diferencia entre la victoria y la derrota en las elecciones. Por lo tanto, asignar un número insuficiente de testigos electorales o no proporcionarles las herramientas necesarias para salvaguardar sus votos en las urnas se convierte en una decisión política costosa.